Marcos Juárez

Las redes sociales se han convertido en fuente de consejos de salud, pero cuando la información proviene de personas sin formación sanitaria, el riesgo para la salud pública crece. Analizamos cómo la ley busca equilibrar libertad de expresión y protección ciudadana.

El/la cliente/a confía su problema y su narrativa a un profesional de la abogacía, y este, a su vez, se compromete a defender sus intereses con la máxima diligencia. En este marco, el profesional de la abogacía actúa como una figura de traducción cualificada, que convierte el relato de la persona cliente en un discurso procesalmente eficaz. Sin embargo, nunca debe actuar como quien reescribe la historia.

Cuando la administración decide sobre la ayuda para morir, ¿quién tiene la última palabra? Analizamos las sentencias judiciales que están definiendo los límites de la ley de eutanasia, desde el papel crucial de los informes médicos hasta el sorprendente derecho de los familiares a intervenir en el proceso. Descubre cómo los tribunales garantizan un derecho fundamental.

El Ministerio de Sanidad ha derogado una orden de 1987 que exigía pruebas de VIH a donantes de órganos, justificándolo como una modernización para eliminar redundancias con una ley más actual y completa de 2012. Aunque técnicamente la seguridad no disminuye, la medida genera un riesgo de alarma social y desconfianza por la falta de una comunicación clara que explique que los controles, en realidad, se mantienen y son más estrictos.

María Esperanza Marcos Juárez, presidenta de la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de la Abogacía de Madrid, explica en su columna el debate clave que se está dando sobre el sistema nacional de salud: Entre un Estatuto Marco unificado o un Estatuto Propio para médicos. Jornada, guardias y exclusividad en el centro.

La experta en Derecho Sanitario, María Esperanza Marcos Juárez, analiza los retos que la Inteligencia Artificial y las neurotecnologías plantean al sistema legal. El mayor desafío es determinar la responsabilidad legal ante errores de los algoritmos. Además, se subraya la necesidad de proteger la autonomía del paciente y del médico, y se advierte sobre los profundos riesgos para la intimidad que supone la capacidad de "leer" o "modular" la actividad cerebral, para lo que el marco legal actual podría no ser suficiente.